Analisis politico
25 de Julio de 2026
Editorial
Por Rolón Javier Adrian
Mientras el Gobierno de Corrientes le pide sacrificios al pueblo, el ajuste, una vez más, parece recaer siempre sobre los mismos: docentes, médicos, enfermeros, policías y miles de trabajadores estatales que llevan meses viendo cómo sus salarios pierden poder adquisitivo frente a una inflación que no da tregua.
Sin embargo, cuando se trata de la política, la historia cambia. Allí nunca falta presupuesto para crear nuevas secretarías, direcciones, departamentos y cargos. El reciente decreto que incorpora una nueva estructura dentro del Ministerio de Hacienda y Finanzas vuelve a abrir un debate que la dirigencia intenta evitar: ¿realmente estas decisiones responden a una necesidad del Estado o son una nueva oportunidad para seguir ampliando la burocracia y acomodar a los de siempre?
Desde que muchos tenemos memoria, en Corrientes gobiernan prácticamente los mismos nombres y los mismos apellidos. Cambian los discursos, cambian los cargos, pero el poder sigue circulando dentro del mismo círculo político. Mientras tanto, el ciudadano común trabaja, paga impuestos y soporta el peso de una crisis económica que parece no alcanzar nunca a quienes administran el Estado.
Resulta difícil aceptar que no haya recursos para otorgar aumentos salariales dignos a quienes sostienen la educación, la salud y la seguridad pública, pero sí aparezcan fondos para sostener estructuras administrativas cada vez más grandes. La prioridad debería ser fortalecer los servicios esenciales y mejorar las condiciones de quienes los hacen funcionar, no seguir engrosando el organigrama estatal.
La política suele hablar del “bien común”. Pero cabe preguntarse: ¿el bien de quién? Porque para el trabajador estatal que no recibe una recomposición salarial desde hace meses, para el docente que debe hacer malabares para llegar a fin de mes o para el enfermero que enfrenta jornadas agotadoras, ese bien común parece cada vez más lejano.
La democracia necesita instituciones fuertes, pero también dirigentes que comprendan que el Estado no puede convertirse en una herramienta para perpetuar privilegios. Gobernar implica administrar con responsabilidad, priorizar las verdaderas necesidades de la sociedad y dar el ejemplo cuando se pide esfuerzo a la población.
Porque si el ajuste siempre lo paga el pueblo y los privilegios siempre quedan en manos de la dirigencia, entonces ya no estamos hablando de solidaridad ni de austeridad. Estamos hablando de una política que exige sacrificios a los ciudadanos mientras se resiste a renunciar a sus propios beneficios.
Considero que la transparencia y la eficiencia del Estado deben comenzar por la dirigencia política. Si hay que hacer esfuerzos, el ejemplo debería venir primero desde arriba. Sólo así podrá recuperarse la confianza de una ciudadanía cansada de ver cómo, década tras década, los mismos de siempre continúan viviendo del Estado mientras el pueblo sigue esperando respuestas.
