La Justicia puso la lupa sobre una operación inmobiliaria realizada por la sindicalista y militante de La Cámpora María Soledad Calle. Se trata de la compra de un departamento ubicado en San José 1111, justo debajo del inmueble donde la expresidenta Cristina Kirchner cumple su condena por la causa Vialidad.
La operación ahora podría quedar incorporada a la investigación que busca determinar si hubo irregularidades en el manejo de los fondos de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) durante la gestión de Abel Furlán.
Fuentes judiciales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el fiscal Eduardo Taiano analiza si existe algún vínculo entre la adquisición del inmueble y la causa que investiga presuntos desvíos de dinero del gremio.
Según trascendió, Calle pagó US$ 190.000 por el departamento ubicado debajo del de la exmandataria. La Justicia busca establecer de dónde provinieron los fondos utilizados para concretar la compra y si existe alguna conexión con el supuesto desvío de recursos de la UOM.
PIDIERON ALLANAR EL DEPARTAMENTO
La posibilidad de incorporar la operación inmobiliaria a la investigación tomó fuerza luego de un pedido realizado la semana pasada.
El abogado Yamil Castro Bianchi, representante de los gremialistas Ángel Derosso y Gerardo Piva, quienes se presentaron como querellantes en la causa, solicitó al juez federal Julián Ercolini que ordene un allanamiento en el departamento de San José 1111.
Ahora será la Fiscalía la que deberá determinar si la compra aporta elementos relevantes para la investigación sobre el destino de los fondos sindicales.
UNA CAUSA QUE INVESTIGA EL MANEJO DE DINERO DE LA UOM
La investigación contra la UOM comenzó a partir de una denuncia por presunta administración fraudulenta, asociación ilícita y lavado de dinero.
El expediente tiene como uno de sus puntos centrales un contrato firmado en 2023 con la empresa Unión de Seccionales Metalúrgicas (USEM), vinculada a María Soledad Calle.
Según la denuncia, esa empresa quedó a cargo de la administración de fondos pertenecientes al gremio. La Justicia busca determinar si existieron maniobras irregulares y si parte de ese dinero pudo haber sido utilizado con otros fines.
En ese contexto, la compra del departamento por US$ 190.000 pasó a quedar bajo análisis. El objetivo, por ahora, es establecer si se trata simplemente de una operación inmobiliaria particular o si puede aportar alguna pista sobre el origen de los fondos investigados.
