El Gobierno nacional avanzó este lunes con la reglamentación del nuevo Régimen Penal Juvenil, establecido por la Ley 27.801, que contempla la aplicación del sistema para adolescentes desde los 14 años hasta las cero horas del día en que cumplen 18, siempre que sean imputados por un hecho considerado delito.
La medida quedó formalizada a través del Decreto 875/2026, publicado en el Boletín Oficial. La normativa designa al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación en los ámbitos nacional y federal y establece una serie de mecanismos destinados al seguimiento de los adolescentes alcanzados por el régimen, la asistencia a las víctimas y la coordinación de las acciones con las distintas provincias.
Según explica el decreto, la Ley 27.801 establece un régimen destinado a adolescentes de entre 14 y 18 años y fija como uno de sus objetivos que quienes sean imputados desarrollen un sentido de responsabilidad frente a sus actos. También apunta a su educación, resocialización e integración social.
UN COMITÉ PARA COORDINAR LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN
Entre las principales medidas previstas por la reglamentación aparece la creación del Comité de Justicia Interministerial del Régimen Penal Juvenil, que funcionará dentro del Ministerio de Justicia como un espacio permanente de coordinación entre distintas áreas del Gobierno nacional.
El organismo tendrá como objetivo ordenar y articular las intervenciones que requieran la participación de diferentes ministerios.
Entre sus funciones estarán:
- Coordinar la actuación de los ministerios que integran el Comité en aquellos asuntos que requieran una intervención conjunta.
- Elaborar criterios comunes para la prevención, el abordaje y la reinserción de los adolescentes comprendidos por el régimen.
- Facilitar el intercambio de información estadística y técnica entre las distintas carteras.
- Elaborar recomendaciones no vinculantes para la autoridad de aplicación sobre cuestiones transversales relacionadas con el régimen.
- Coordinar los aspectos administrativos y operativos necesarios para la ejecución de las penas previstas en el artículo 12 de la Ley N° 27.801, siempre dentro de las competencias correspondientes a los ministerios que forman parte del Comité.
El Comité estará integrado por un representante del Ministerio de Justicia, quien tendrá a su cargo la coordinación, además de un representante del Ministerio de Seguridad Nacional, uno del Ministerio de Capital Humano y otro del Ministerio de Salud.
UNA MESA FEDERAL PARA ARTICULAR CON LAS PROVINCIAS
El decreto también dispone la creación, dentro del Ministerio de Justicia, de la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil.
Este espacio tendrá como finalidad establecer una articulación permanente entre el Gobierno nacional, las jurisdicciones provinciales y la Ciudad de Buenos Aires.
La Mesa Federal tendrá entre sus tareas promover criterios técnicos y procesales comunes entre las distintas jurisdicciones, compartir experiencias y buenas prácticas vinculadas con la aplicación del nuevo régimen y facilitar la firma de convenios de colaboración y cooperación contemplados en el artículo 17 del Anexo I del decreto.
También podrá elaborar recomendaciones no vinculantes relacionadas con la implementación del sistema.
En cuanto a su composición, estará encabezada por un representante de la Autoridad de Aplicación, que ejercerá la coordinación. Además, contará con representantes designados por cada una de las provincias y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A ese esquema podrán sumarse representantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación, uno por cada organismo, en caso de que esas instituciones decidan designarlos.
CUÁNDO ENTRA EN VIGENCIA
La Ley 27.801 fue sancionada el 27 de febrero y publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo. En su texto se estableció que el régimen comenzaría a regir 180 días después de esa publicación.
Ahora, con el Decreto 875/2026, el Gobierno reglamentó los mecanismos necesarios para su aplicación y determinó que el decreto entrará en vigencia conjuntamente con la propia ley.
De esta manera, el nuevo Régimen Penal Juvenil queda acompañado por una estructura de coordinación nacional y federal que tendrá al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación y que buscará articular las políticas destinadas a los adolescentes alcanzados por la normativa, junto con las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
