El Gobierno nacional amplió el alcance del programa destinado a detectar y bloquear teléfonos celulares dentro de establecimientos penitenciarios. La medida, que hasta ahora estaba enfocada en el Servicio Penitenciario Federal, también podrá aplicarse en las cárceles provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La decisión fue oficializada este martes mediante la Resolución 806/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva. La normativa invita a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adherir al sistema nacional.
El objetivo es impedir que los teléfonos móviles sean utilizados desde las cárceles para coordinar actividades ilícitas. Para eso, el mecanismo permite identificar y bloquear distintos elementos asociados a cada dispositivo: el IMEI, que funciona como identificador único del equipo; el IMSI, vinculado a la tarjeta SIM; y la línea telefónica correspondiente.
La combinación de estos datos busca evitar que el bloqueo pueda ser esquivado simplemente cambiando la tarjeta SIM del teléfono.
CÓMO SERÁ EL PROCEDIMIENTO
La Subsecretaría de Articulación Federal tendrá a su cargo la implementación del programa en las jurisdicciones que decidan incorporarse. Para hacerlo, cada provincia deberá adherir mediante un convenio, cuyo modelo quedó aprobado junto con la nueva resolución.
Una vez que se detecte un dispositivo dentro de las áreas de detención o sectores de acceso restringido, la información será remitida a las empresas de telefonía móvil para que procedan con la inhabilitación correspondiente.
En este esquema, el Ministerio de Seguridad de la Nación funcionará como ventanilla única y será el encargado de canalizar los pedidos de bloqueo hacia las compañías prestadoras.
Esto implica que las provincias no podrán solicitar directamente a las empresas telefónicas la inhabilitación de los equipos por cuenta propia.
El mecanismo ya había sido establecido en la Resolución 734/2026, del 13 de agosto, donde se había definido que la cartera nacional recibiría la información sobre los dispositivos detectados en los establecimientos penitenciarios y la entregaría a las compañías para que realizaran los bloqueos correspondientes.
UNA MEDIDA QUE BUSCA CERRAR EL PASO A LOS TELÉFONOS ILEGALES
El nuevo programa se apoya en antecedentes normativos como la Ley 24.660, que prohíbe el uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles, y en disposiciones anteriores del Enacom, que establecieron obligaciones específicas para las empresas prestadoras.
La estrategia nacional apunta ahora a extender a todo el sistema penitenciario una herramienta que ya se utilizaba en el ámbito federal.
El funcionamiento es concreto: cuando un teléfono se activa dentro de una zona penitenciaria de detención o de acceso restringido, se identifican sus códigos IMEI e IMSI. Esos datos son reportados a las compañías de telefonía móvil, que deben bloquear tanto el equipo como la línea asociada.
De esta manera, el Gobierno busca dificultar que los internos puedan utilizar dispositivos móviles desde las cárceles para organizar o coordinar maniobras delictivas, incluso cuando intenten sortear los controles mediante el cambio de una tarjeta SIM.
