El deterioro de las rutas nacionales volvió a quedar en el centro de la discusión política. Un grupo de senadores peronistas presentó un proyecto para que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, expliquen qué ocurrió con los recursos que debían destinarse a la infraestructura vial.
La iniciativa fue impulsada la semana pasada por una decena de legisladores nacionales del bloque peronista, encabezados por Ana Marks. También lleva las firmas de Alicia Kirchner, Juliana Di Tullio, Mariano Recalde, Daniel Bensusan, Martín Soria, Cristina López, Florencia López, Lucía Corpacci, Jorge Capitanich y Adán Bahl.
El pedido apunta, principalmente, al manejo de los fondos del Sistema Vial Integrado y a la baja ejecución del Fondo Fiduciario de Infraestructura Vial. Los senadores quieren conocer cuánto dinero ingresó, cuánto se utilizó efectivamente para obras y qué destino tuvo el resto.
El reclamo aparece en medio de las críticas por el estado de las rutas nacionales y mientras el Congreso comienza a prepararse para discutir el Presupuesto 2027, que ingresará dentro de un mes a la Cámara de Diputados.
Según el proyecto, los recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos tienen como destino el financiamiento de obras viales. Por eso, los legisladores cuestionan que parte de esos fondos haya sido derivada, según denuncian, hacia operaciones financieras.
Los números incluidos en la presentación muestran una diferencia importante entre lo recaudado y lo utilizado. De acuerdo con el informe citado, durante los primeros cinco meses de 2026 se habrían recaudado $450.500 millones, mientras que solamente $83.144 millones habrían sido destinados a obras, equivalente al 18,5% del total.
La denuncia también sostiene que entre 2024 y los primeros meses de 2026 se acumularon cientos de miles de millones de pesos a través del Fondo Fiduciario de Infraestructura del Transporte, pero la ejecución destinada específicamente a infraestructura vial habría quedado muy por debajo de esos ingresos.
Marks fue contundente al explicar el motivo del pedido. “Es urgente que el jefe de Gabinete y el Ministro de Economía expliquen el desvío de los recursos que deberían estar destinados al mantenimiento de nuestras rutas nacionales, para prevenir accidentes y promover el desarrollo de nuestras comunidades, y no para actividades especulativas”, sostuvo.
La senadora agregó: “Mientras las familias y los productores continúan pagando impuestos incorporados en el precio de los combustibles, nuestras rutas se deterioran y los proyectos de obras están estancados”. Y reclamó que el Gobierno informe “dónde están esos recursos y por qué no se utilizan para asegurar rutas seguras y transitables”.
En la misma línea, las acusaciones plantean que el Gobierno habría retenido cerca de $1,5 billones provenientes del Impuesto a los Combustibles, recursos que, según la normativa citada por los legisladores, corresponden al fondo vial SisVial.
La presentación sostiene que, en lugar de destinar ese dinero a tareas de mantenimiento, asfaltado y reparación, la administración de Javier Milei habría ejecutado solamente el 26% y colocado el resto en instrumentos financieros, entre ellos bonos, títulos y plazos fijos, con el argumento de preservar el superávit fiscal.
A este reclamo se sumó una presentación realizada por la diputada Victoria Tolosa Paz, de Unión por la Patria. Allí advierte sobre el esquema previsto para determinadas obras, que contemplaba un 30% de aporte de contraparte local y un 70% de financiamiento externo. Sin embargo, según los informes de auditoría correspondientes a 2024, el aporte ejecutado con fondos locales habría sido del 0%, pese a que existían recursos disponibles de SisVial.
Marks también llevó el planteo a sus redes sociales. En su cuenta de X publicó un extenso mensaje titulado “EQUILIBRIO FISCAL Y MU3RT3: ¿DÓNDE ESTÁ LA PLATA DEL IMPUESTO A LOS COMBUSTIBLES?”.
En esa publicación cuestionó que, mientras las familias, los trabajadores y el sector productivo afrontan combustibles cada vez más caros, las rutas nacionales continúan deteriorándose.
La senadora puso el foco especialmente en Río Negro y mencionó las rutas 151, 22, 23, 40 y la 3, donde, según describió, existen tramos destruidos, falta de mantenimiento, condiciones de circulación cada vez más peligrosas y obras que todavía no fueron terminadas. También vinculó ese deterioro con los accidentes fatales que se registran semana tras semana.
El planteo de fondo es uno: si los recursos generados por el Impuesto a los Combustibles Líquidos tienen como destino las obras viales, los senadores quieren que el Gobierno explique cuánto dinero ingresó, dónde terminó y por qué una parte importante no se transformó en rutas reparadas y obras concretas.
