La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que llevará su caso ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), al considerar que la condena que la inhabilita de manera perpetua para ocupar cargos públicos vulnera derechos y garantías fundamentales.
La decisión fue dada a conocer este miércoles a través de una columna publicada en forma simultánea por medios internacionales, entre ellos El País de España y Libération de Francia. Al mismo tiempo, su equipo de abogados brindó una conferencia de prensa en la que confirmó la presentación formal de una comunicación individual ante el organismo con sede en Ginebra.
Ahora, el Comité de Derechos Humanos deberá evaluar en una primera instancia si la presentación cumple con los requisitos establecidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En caso de ser admitida, podrá requerir información al Estado argentino antes de emitir una recomendación sobre el expediente.
En su escrito, la exmandataria afirmó que cuando el Poder Judicial deja de garantizar derechos y pasa a intervenir en la disputa política, se deteriora la calidad democrática del país.
“No se trata de recurrir a una instancia internacional por mera disconformidad con decisiones judiciales. Se trata de someter al escrutinio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos la actuación de quienes condujeron mi juzgamiento”, expresó.
Fernández de Kirchner calificó la inhabilitación perpetua impuesta en la denominada Causa Vialidad como una forma de “proscripción” y destacó que la condena alcanza a “la única mujer electa y reelecta para ejercer la Presidencia de la Nación Argentina”.
En su argumentación también hizo referencia al intento de asesinato que sufrió el 1 de septiembre de 2022, al señalar que se trató de “un episodio de extrema gravedad que puso en riesgo mi vida y evidenció hasta qué punto la violencia política puede amenazar la convivencia democrática”.
Además, sostuvo que el proceso judicial estuvo marcado por arbitrariedades incompatibles con las garantías de un juicio justo y denunció un clima de hostilidad que, según su postura, refleja la persistencia de prácticas de machismo estructural en sectores del sistema judicial.
La exjefa de Estado aseguró que el caso trasciende su situación personal y consideró que la condena también afecta el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus representantes mediante el voto.
Para impulsar la presentación ante la ONU, su defensa incorporó al jurista brasileño Rafael Valim, quien integró el equipo legal del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y al exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Javier Borrego. Ambos participaron de la exposición junto al abogado Alberto Beraldi.
En la publicación, Cristina Kirchner aclaró que no busca un trato especial, sino que reclama un proceso “imparcial, independiente” y acorde con los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de derechos humanos.
La exmandataria cumple actualmente prisión domiciliaria luego de que quedara firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta en la Causa Vialidad, fallo que fue ratificado por la Corte Suprema en junio de 2025.
Más tarde, en julio de 2026, el máximo tribunal también confirmó el decomiso de bienes por 684.990 millones de pesos dispuesto en el mismo expediente.
Cristina Kirchner concluyó que continuará defendiendo su inocencia mediante todas las herramientas previstas por el Estado de Derecho, al sostener que la protección de las garantías judiciales no solo involucra su caso, sino que también representa una cuestión de interés para toda la sociedad.
