El presidente Javier Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que incorpora una nueva causa para impedir el ingreso o disponer la expulsión de extranjeros que promuevan o inciten mensajes de odio, discriminación o violencia contra la Argentina o sus ciudadanos por motivos de nacionalidad, además de quienes realicen actos considerados como un ultraje a los símbolos patrios.
La medida fue anunciada por la Oficina del Presidente, que explicó que el objetivo es resguardar la integridad social, el orden institucional y el respeto hacia el país. Según el Gobierno, la decisión surge luego de distintos episodios recientes que interpretó como ofensas contra la República Argentina y su población, en un contexto de tensión generado tras la participación de la Selección Argentina en el Mundial.
En el comunicado oficial, Milei sostuvo que “quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país”, reafirmando que la defensa de la Nación, sus ciudadanos y sus símbolos constituye un principio innegociable.
El Decreto 681/2026, publicado en el Boletín Oficial, establece como causal de inadmisión y expulsión la difusión o incitación de expresiones de odio, discriminación o violencia por razones de nacionalidad, así como la participación en actos que impliquen un agravio a los símbolos nacionales.
En los fundamentos de la norma, el Poder Ejecutivo recordó que Argentina mantiene una tradición de apertura hacia los extranjeros, aunque remarcó que el Estado tiene la facultad de fijar condiciones para el ingreso, permanencia o expulsión de personas con el fin de preservar el orden público, la seguridad interna y la cohesión social.
Además, el DNU deberá ser enviado a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que contará con 10 días hábiles para analizar su validez y emitir un dictamen que luego será tratado por ambas cámaras.
ALCANCE DE LA MEDIDA
El decreto alcanza a extranjeros que hayan emitido, de forma oral o escrita, mensajes de odio o hayan promovido actos de violencia contra el pueblo argentino o contra ciudadanos argentinos por su nacionalidad. También incluye a quienes participen o incentiven acciones que sean consideradas un ultraje a los símbolos patrios.
La nueva normativa establece que las personas comprendidas en estas situaciones podrán ser rechazadas al intentar ingresar al país o, si ya residen en Argentina, perder su residencia y ser intimadas a abandonar el territorio o ser expulsadas, según lo determinen las autoridades competentes y las circunstancias de cada caso.
Con esta disposición, el Gobierno nacional endureció los criterios migratorios y reafirmó que cualquier conducta que considere un ataque contra la República Argentina podrá derivar en la prohibición de ingreso o en la expulsión del país.
