La Fiscalía Departamental de Santa Cruz emitió este miércoles una orden de aprehensión contra el ex presidente de Bolivia, Evo Morales, en el marco de la investigación por los 53 días de bloqueos que afectaron al país.
La medida fue dispuesta por un fiscal de la Unidad Especializada en Persecución de Delitos de Corrupción, luego de una denuncia presentada a principios de julio por el Comité Pro Santa Cruz, que más tarde recibió el respaldo del ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.
De acuerdo con la investigación, Morales y otros involucrados son investigados por presuntos delitos de alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.
La causa también alcanza al dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Marco Argollo, y al referente campesino de La Paz, Vicente Salazar.
Según el informe, los bloqueos generaron un fuerte desabastecimiento de alimentos, combustibles e insumos médicos. Además, dejaron al menos 16 personas fallecidas, de las cuales 13 murieron por falta de atención médica. El gobierno de Rodrigo Paz Pereira estimó que las pérdidas económicas superaron los 3.000 millones de dólares.
Esta nueva orden judicial se suma a otra causa que pesa sobre el ex mandatario por presunta trata de personas, vinculada a una denuncia que sostiene que habría mantenido una relación con una menor de edad hace diez años, cuando ejercía la Presidencia de Bolivia.
Desde 2024, Morales permanece en la región del Chapare, donde continúa resguardado por un numeroso grupo de seguidores que, hasta el momento, han impedido que se concrete su detención.
