El Gobierno nacional modificó el protocolo de actuación de las fuerzas federales para la prevención de ciberdelitos, incorporando nuevas disposiciones para los casos que involucren a niños, niñas y adolescentes en entornos digitales. La medida quedó oficializada este miércoles mediante la Resolución 725/2026, publicada en el Boletín Oficial.
La decisión se adoptó luego del aumento de amenazas de ataques masivos contra establecimientos educativos difundidas a través de redes sociales, entre ellas la denuncia por mensajes intimidatorios encontrados en el baño de una escuela de Punta Lara. Con estos cambios, se redefinen las condiciones bajo las cuales el personal policial podrá intervenir en tareas preventivas dentro del ciberespacio.
La normativa ratifica que las fuerzas de seguridad deberán respetar lo establecido por la Ley de Protección de Datos Personales N.º 25.326 y prohíbe expresamente el tratamiento de datos sensibles o publicaciones realizadas por menores de edad sin una autorización judicial.
Sin embargo, el nuevo protocolo prevé excepciones para situaciones de extrema gravedad. Si durante una investigación se confirma o se presume que la tarea involucra a un niño, niña o adolescente, la actuación deberá interrumpirse y dejarse asentada en el registro correspondiente, informando de inmediato a la autoridad competente. No obstante, esa suspensión no será obligatoria cuando existan riesgos graves e inminentes para la vida o la integridad de menores, o para la seguridad de la comunidad educativa.
Entre las excepciones contempladas figuran los casos en los que exista peligro para la vida del menor, indicios de abandono, desaparición o sustracción, conductas autolesivas o suicidas, aunque no haya certeza sobre la inminencia del daño, y situaciones en las que el menor sea presunta víctima de un delito cometido en el ámbito digital que requiera mantener el monitoreo para prevenirlo o investigarlo.
Asimismo, la resolución autoriza la continuidad de las tareas policiales cuando haya elementos que indiquen un riesgo para la vida o la integridad física de otros menores, incluyendo amenazas, planificación o preparación de ataques de violencia masiva en escuelas o espacios públicos, ya sea que el menor aparezca como víctima o como presunto autor.
En todos estos casos, el personal deberá dejar constancia detallada de los motivos que justificaron la continuidad de la intervención y comunicar de manera inmediata la situación a la autoridad responsable de la investigación.
Desde el Gobierno señalaron que la actualización del protocolo busca equilibrar la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes con la necesidad de actuar con rapidez frente a delitos graves, especialmente aquellos que puedan poner en peligro la integridad física de estudiantes y de toda la comunidad educativa.
