Editorial
Por : Javier Adrian Rolon
Julio parece haber sido un buen mes para las arcas de la provincia. Más de $219.052 millones ingresaron en concepto de coparticipación nacional. Un número que, sobre el papel, haría pensar que hay margen para mejorar salarios, invertir en escuelas y dar respuestas a quienes sostienen el Estado todos los días.
Sin embargo, la respuesta vuelve a ser la misma de siempre: “no habrá aumento en agosto”. Y el argumento tampoco cambia: “todo depende de la coparticipación”.
Entonces, ¿en qué quedamos? Cuando la recaudación baja, el ajuste es inevitable. Cuando la recaudación sube, tampoco alcanza. Parece que las cuentas solo cierran cuando el esfuerzo lo hacen los trabajadores.
Los docentes siguen preguntándose cuándo los plus pasarán al básico, cuándo dejarán de existir los pagos no remunerativos y cuándo se cumplirá con un salario más transparente y equitativo. Mientras tanto, la plata destinada a educación parece perderse en un laberinto administrativo del que nadie da explicaciones.
La realidad, en cambio, no se puede esconder. A las siete de la mañana hay docentes que llegan antes que todos para limpiar su propia aula porque su escuela no figura entre las beneficiadas con personal de limpieza. Es decir, además de enseñar, también deben barrer, acomodar y mantener en condiciones el lugar donde estudian cientos de chicos.
La famosa “casta” siempre parece ser el otro. Pero cuando los recursos aumentan y las prioridades siguen siendo las mismas, la pregunta es inevitable: ¿el ajuste realmente es una necesidad o una decisión política?
En Corrientes, las cifras cuentan una historia. La realidad cotidiana de los trabajadores cuenta otra. Y entre ambas, la distancia sigue siendo cada vez más difícil de justificar.
