Educación
Jueves 4 de Junio de 2026
Editorial por : Rolón Javier Adrian
La intención de actualizar el Estatuto Docente, vigente desde 1982, puede ser una discusión necesaria. Nadie puede oponerse al debate sobre normas que requieren adecuarse a los tiempos actuales. Sin embargo, el verdadero problema no radica en la reforma en sí, sino en la forma en que se pretende llevar adelante.
Resulta preocupante que una iniciativa que impactará directamente sobre la vida laboral de miles de docentes avance sin que la comunidad educativa haya sido informada ni convocada a participar del debate. Quienes están todos los días frente a un aula, enfrentando las dificultades del sistema educativo, parecen haber quedado al margen de una discusión que los tiene como principales protagonistas.
La contradicción es evidente. Se habla permanentemente de cercanía con la gente, de escuchar a los ciudadanos y de construir consensos. Pero cuando llega el momento de discutir cuestiones fundamentales para la educación, las decisiones parecen concentrarse en sectores que muchas veces desconocen la realidad cotidiana de las escuelas.
Además, antes de impulsar modificaciones profundas, sería oportuno preguntarse por qué más del 30% de los artículos del actual Estatuto Docente continúan sin reglamentarse y por qué muchas de las normas vigentes ni siquiera se cumplen. Reformar una ley puede resultar atractivo desde lo político, pero garantizar el cumplimiento de las herramientas existentes debería ser una prioridad.
La educación no se mejora únicamente desde los despachos ni mediante diagnósticos elaborados lejos de las aulas. La experiencia demuestra que las reformas diseñadas sin participación suelen terminar alejadas de las necesidades reales de docentes y alumnos.
Si el objetivo es construir una educación mejor, el camino debería comenzar por el diálogo genuino. Escuchar a quienes sostienen el sistema educativo todos los días no es una concesión; es una condición indispensable para que cualquier transformación tenga posibilidades de éxito.
Porque cuando las decisiones sobre educación se toman desde sectores que carecen del conocimiento práctico de la realidad escolar, el riesgo es siempre el mismo: crear normas que lucen bien en el papel, pero que fracasan al momento de enfrentar la realidad.
