La investigación se inició a partir de dos vacunos Braford que fueron vendidos y trasladados hasta una carnicería ubicada en la Primera Sección Ifrán, pero sin contar con la guía correspondiente. El procedimiento terminó involucrando al comprador, Jesús Manuel R., quien quedó vinculado a una causa judicial por una presunta infracción al artículo 206 del Código Penal.
A partir de ese primer dato, efectivos de la Policía Rural continuaron con las averiguaciones para establecer el origen de los animales y determinar quiénes habían realizado la venta.
La pista llevó hasta los productores José Alberto V. y María Angelina D., titulares de las marcas y señales correspondientes a los dos vacunos. Ambos reconocieron haber concretado las operaciones los días 3 y 5 de septiembre.
Al constatarse que los animales habían sido vendidos y trasladados sin la documentación exigida, se iniciaron actuaciones contravencionales contra los productores. Como consecuencia, se establecieron multas por un total de $600.000.
Una vez que ambos abonaron las sanciones correspondientes, recuperaron la libertad.
El procedimiento volvió a poner en evidencia las consecuencias que puede generar la comercialización de ganado sin la documentación obligatoria. Lo que puede comenzar como una operación informal termina, como en este caso, con una causa judicial para el comprador y sanciones económicas para quienes vendieron los animales.
