La discusión por los recursos naturales de las Islas Malvinas volvió a ganar espacio en la agenda nacional a partir de la decisión del Gobierno argentino de profundizar las acciones frente a la explotación británica. Pero mientras buena parte de la atención está puesta sobre el petróleo, desde la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP) plantean que hay otro recurso que no puede quedar al margen: los peces.
La entidad respaldó el endurecimiento de la postura argentina frente a la explotación británica, aunque considera que la estrategia debe ser más amplia e incluir de manera explícita al sector pesquero. Su argumento es concreto: mientras la extracción de hidrocarburos aparece como un escenario hacia el futuro, los recursos pesqueros del Atlántico Sur son explotados desde hace décadas mediante licencias otorgadas unilateralmente por el Reino Unido.
Para FULASP, la discusión parte de un mismo principio. Si la Argentina considera inadmisible que se exploten unilateralmente recursos naturales en un territorio cuya soberanía se encuentra en disputa, ese criterio debería aplicarse también a la actividad pesquera.
El propio Gobierno nacional había señalado que las medidas de protección de los recursos no quedarían necesariamente restringidas a los hidrocarburos y que podrían alcanzar otras actividades desarrolladas en las islas que involucren recursos naturales argentinos.
En ese punto, la Fundación reclama que la pesca pase a ocupar un lugar relevante.
Raúl Cereseto, presidente de FULASP, planteó la cuestión de manera directa: el petróleo y los recursos pesqueros forman parte del mismo espacio marítimo y, por lo tanto, deberían ser contemplados dentro de una misma política de defensa de la soberanía.
“El petróleo está debajo del mar y los peces están dentro del mar. Los dos son recursos naturales y forman parte de una misma discusión de soberanía. La diferencia es que hoy estamos intentando impedir una explotación petrolera futura mientras nuestros recursos pesqueros se explotan desde hace décadas”, sostuvo.
UN RECURSO QUE YA SE ESTÁ EXPLOTANDO
FULASP viene siguiendo desde hace años la actividad pesquera que se desarrolla alrededor de las Islas Malvinas. Uno de sus últimos relevamientos registró que durante 2024 las capturas realizadas en aguas bajo administración británica llegaron a 261.903 toneladas.
Dentro de ese volumen, el calamar Illex argentinus representó 146.689 toneladas, convirtiéndose en uno de los principales recursos extraídos.
El movimiento económico que genera esa actividad tampoco es menor. De acuerdo con la investigación de la Fundación, los permisos pesqueros generan aproximadamente 39 millones de libras esterlinas por año y constituyen el principal sostén económico de las islas.
La actividad también implica una importante presencia de embarcaciones. En una temporada habitual operan entre 100 y 120 buques con licencia activa, mientras que durante los períodos de mayor concentración, particularmente en las temporadas de calamar, pueden coincidir más de 130 barcos en operación.
Para la entidad, esas cifras muestran que no se trata de una amenaza eventual ni de una actividad que podría comenzar en el futuro. La explotación pesquera ya está instalada y tiene una dimensión económica considerable.
Cereseto insistió sobre ese punto: “No estamos diciendo que el petróleo no sea importante. Todo lo contrario. Lo que planteamos es que no podemos defender con enorme firmeza el recurso que podría extraerse mañana y relegar el que se está extrayendo hoy. Si la defensa de los recursos naturales argentinos va a convertirse en una política de Estado, la pesca necesariamente tiene que formar parte”.
EL PROBLEMA DE LOS RECURSOS MIGRATORIOS
Hay, además, una particularidad que para FULASP vuelve todavía más compleja la situación: los peces y los calamares no permanecen dentro de una única jurisdicción.
La Fundación señala que los documentos pesqueros que analizó reconocen el carácter migratorio de varias de las especies explotadas en la región. Sus desplazamientos atraviesan la Zona Económica Exclusiva argentina, el alta mar y las aguas administradas por el Reino Unido.
Entre los recursos mencionados aparecen la merluza común (Merluccius hubbsi), el calamar Illex (Illex argentinus), la polaca (Micromesistius australis), la merluza de cola (Macruronus magellanicus) y el bacalao de profundidad (Dissostichus eleginoides).
Por eso, desde la Fundación advierten que una explotación intensiva en una determinada jurisdicción puede terminar teniendo consecuencias sobre un ecosistema mucho más amplio.
A esto se suma otro aspecto señalado por FULASP: algunas embarcaciones que trabajan con licencias británicas posteriormente desarrollan actividades sobre el borde exterior de la Zona Económica Exclusiva argentina, lo que incrementaría la presión sobre esos mismos recursos migratorios.
“Los peces no entienden de líneas dibujadas sobre un mapa. Estamos hablando de poblaciones que nacen, crecen, se alimentan, se reproducen y migran a través de un mismo ecosistema. Por eso defender los recursos pesqueros también significa defender el Atlántico Sur”, explicó Cereseto.
LAS SANCIONES DENTRO DE LAS AGUAS ARGENTINAS
En este contexto, FULASP también puso en valor la política de “tolerancia cero” que la Argentina viene aplicando contra la pesca ilegal dentro de su Zona Económica Exclusiva.
La estrategia incluye el fortalecimiento de las herramientas tecnológicas destinadas a detectar y fiscalizar las operaciones pesqueras.
Durante 2026, el Gobierno nacional sancionó a cinco buques extranjeros por infracciones relacionadas con actividades pesqueras dentro de aguas argentinas. El caso más reciente fue el del pesquero español Farruco, mientras que anteriormente habían sido sancionados los buques Bao Feng, Bao Win, Coimbra y Hai Xiang 2.
Para la Fundación, estas actuaciones muestran que la Argentina cuenta con herramientas jurídicas, tecnológicas y operativas para detectar y sancionar infracciones cuando existe capacidad efectiva de control.
La entidad considera que esa experiencia podría convertirse en un antecedente para elevar también el nivel político, diplomático y jurídico de la defensa de los recursos pesqueros relacionados con Malvinas y el Atlántico Sur.
Entre las alternativas que propone aparecen herramientas diplomáticas, jurídicas y comerciales destinadas a hacer frente a actividades que involucren recursos migratorios considerados estratégicos para la Argentina.
“NO PEDIMOS CAMBIAR LA POLÍTICA, SINO AMPLIARLA”
Desde FULASP aclaran que su planteo no busca establecer una disputa entre el petróleo y la pesca ni determinar cuál de los recursos es más importante.
La Fundación sostiene que los hidrocarburos, los recursos pesqueros, la biodiversidad y los espacios marítimos forman parte de una misma estructura natural vinculada directamente con la controversia de soberanía.
“No pedimos cambiar la dirección de la política argentina; pedimos ampliarla. Si el principio es que nadie puede explotar unilateralmente nuestros recursos naturales en Malvinas, entonces ese principio debe valer para todos”, afirmó Cereseto.
Para la entidad, el escenario actual puede ser una oportunidad para ampliar la mirada argentina sobre la cuestión Malvinas. La discusión, sostienen, no debería quedar limitada al territorio insular, sino incorporar también los espacios marítimos correspondientes, la biodiversidad y los recursos naturales existentes en esas aguas.
“Malvinas también es el mar. Argentina está demostrando dentro de su Zona Económica Exclusiva que puede detectar y sancionar a quienes vulneran nuestras leyes pesqueras. Ahora tenemos una oportunidad histórica para dar un paso más: que la misma firmeza con la que defendemos el petróleo alcance también a los peces. Porque defender Malvinas también significa defender los recursos que viven en sus aguas”, concluyeron desde FULASP.
