As\u00ed lo decidi\u00f3 el juez Fabi\u00e1n Lorenzini, quien entendi\u00f3 en el proceso preventivo y cramdown de esta empresa que lleg\u00f3 a facturar USD 4.300 millones por a\u00f1o y que intent\u00f3 expropiar Alberto Fern\u00e1ndez. Hay cinco d\u00edas para impugnaciones judiciales.<\/p>\n
La agroexportadora Vicentin, la misma que quiso expropiar Alberto Fern\u00e1ndez y estuvo al borde de la quiebra, tiene nuevo due\u00f1o: la hist\u00f3rica cerealera santafesina Grassi.<\/p>\n
As\u00ed lo decidi\u00f3 el juez de Reconquista, Santa Fe, Fabi\u00e1n Lorenzini, quien entendi\u00f3 en el proceso preventivo de esta empresa que lleg\u00f3 a facturar USD 4.300 millones por a\u00f1o y a competir contra las multinacionales del sector, y comando como \u00faltima instancia el cramdown.<\/p>\n
El cramdown es un salvataje previo a la quiebra en el que terceros pueden ofertar para quedarse con la firma. All\u00ed compitieron Grassi y el consorcio de Molinos Agro (MOA) y Louis Dreyfus Company (LDC), la asociaci\u00f3n de la rama rural del Grupo P\u00e9rez Companc con la multinacional de origen franc\u00e9s.<\/p>\n
\u201cPor presentado el informe de la Sindicatura, y verificados por Secretar\u00eda los horarios de presentaci\u00f3n en el expediente concursal de los escritos de Grassi SA y MOA SA y LDC SA, respectivamente; t\u00e9ngase presente. En m\u00e9rito a lo antedicho, h\u00e1gase saber que el primero en comunicar la obtenci\u00f3n de conformidades suficientes para la aprobaci\u00f3n del acuerdo preventivo ha sido Grassi SA\u201d, detall\u00f3 el escrito firmado por Lorenzini, donde se aclara que los \u201clegitimados procesales concursales\u201d podr\u00e1n impugnar el acuerdo dentro del plazo de cinco d\u00edas.<\/p>\n
D\u00edas atr\u00e1s, Grassi comunic\u00f3 que la empresa hab\u00eda alcanzado y superado ampliamente las mayor\u00edas exigidas por el cramdown, lo que, seg\u00fan su postura, la habilita legalmente para tomar el control de la firma en crisis. Recordaron su participaci\u00f3n activa desde el inicio del default de Vicentin, hace m\u00e1s de cinco a\u00f1os, y su rol en la b\u00fasqueda de una soluci\u00f3n que permitiera honrar las deudas y reparar el da\u00f1o sufrido por productores y acreedores.<\/p>\n
Minutos m\u00e1s tarde, Molinos Agro y LDC informaron que tambi\u00e9n superaron los requisitos de adhesi\u00f3n y remarcaron que sus apoyos eran de \u201cacreedores leg\u00edtimos\u201d. Esta distinci\u00f3n surge porque ambos grupos impugnaron la validez de asociados de Grassi. La ley habla de quien llega primero, esto no fue una licitaci\u00f3n ni una competencia. Era una carrera por las mayor\u00edas y ganamos. La sindicatura puso la lista de acreedores y los porcentajes a alcanzar. La gran mayor\u00eda nos apoy\u00f3\u201d, destac\u00f3 en di\u00e1logo con Infobae Mariano Grassi, vicepresidente y CEO de la empresa hom\u00f3nima. La empresa dice que sum\u00f3 el 85% del capital y el 65,5% de los acreedores a su propuesta.<\/p>\n
\u201cLas impugnaciones fueron hechas para disuadir que nos voten, pero no lo lograron. Deber\u00edan hacerlas despu\u00e9s, adem\u00e1s, pero no hay chances que no tengamos los n\u00fameros, se cuente como se cuente. Va a haber una resoluci\u00f3n r\u00e1pida y esperamos tener el control de la compa\u00f1\u00eda pronto\u201d, agreg\u00f3.\u201cLas impugnaciones de la otra parte me preocupan cero, ganamos de todas maneras. La gente de Vicentin quiere dejar de sufrir y volver a la normalidad. Vamos a invertir en todas las plantas y seguir invirtiendo. Nada se cierra, nadie se va\u201d, destac\u00f3 el empresario.La propuesta que Grassi hizo en el cramdown contempla la conversi\u00f3n de todos los cr\u00e9ditos verificados a d\u00f3lares, al tipo de cambio de $60,78 vigente al inicio del concurso preventivo. Ofreci\u00f3 un men\u00fa de opciones de cobro adaptado a distintos perfiles de acreedores.Entre los productores y recibidores de granos, el esquema propuso entregas de soja a lo largo de diez a\u00f1os, con un sobreprecio de USD 10 por tonelada y hasta un 200% de recupero del cr\u00e9dito en d\u00f3lares, apoyo mediante fideicomisos con recuperos entre 80% y 120%, y anticipos de efectivo inmediatos por hasta el 50% del monto reclamado.<\/p>\n
La definici\u00f3n del futuro de Vicentin se inscribi\u00f3 en una trama de enorme complejidad, resultado de a\u00f1os de disputa judicial, crisis financiera e intereses cruzados entre actores relevantes del sector agroindustrial argentino. La puja por el control de la cerealera tuvo en vilo a productores, acreedores y empleados, tras un proceso de default que marc\u00f3 un antes y un despu\u00e9s en la historia de una de las principales agroexportadoras del pa\u00eds.<\/p>\n
El concurso de acreedores iniciado sobre el cierre de 2019 dio inicio a uno de los procesos judiciales m\u00e1s extensos y controvertidos del \u00e1mbito econ\u00f3mico local. Con pasivos superiores a los USD 1.400 millones y la ca\u00edda abrupta de su actividad principal, Vicentin gener\u00f3 incertidumbre en los mercados y afect\u00f3 la econom\u00eda de peque\u00f1as y medianas empresas ligadas a su red de operaciones. La situaci\u00f3n deriv\u00f3, durante la pandemia, en un fallido intento de expropiaci\u00f3n promovido por el Gobierno de Alberto Fern\u00e1ndez, que desencaden\u00f3 protestas sociales y tensiones entre distintos niveles de la pol\u00edtica.<\/p>\n
El clima que rode\u00f3 luego la etapa del cramdown fue el reflejo de la tensi\u00f3n acumulada por a\u00f1os sin una soluci\u00f3n definitiva. Los dos grupos empresariales que se disputaron la conducci\u00f3n de Vicentin, Grassi por un lado y el consorcio Molinos Agro-Louis Dreyfus Company por el otro, procuraron demostrar fortaleza y legalidad en su convocatoria de acreedores. Las presentaciones simult\u00e1neas de mayor\u00edas, las impugnaciones cruzadas y las acusaciones de maniobras dilatorias fueron parte del escenario previo a la decisi\u00f3n del juez Fabi\u00e1n Lorenzini.<\/p>\n
Mientras la propuesta de Grassi apuntaba a la continuidad productiva y la protecci\u00f3n de puestos de trabajo, ofreciendo a los acreedores esquemas de cobro y recupero de cr\u00e9ditos con mecanismos flexibles y adaptados a sus perfiles, Molinos y LDC intentaron posicionar su alternativa sobre la base de garant\u00edas de pago directo, acuerdos gremiales previos y la promesa de nuevas inversiones destinadas a la reactivaci\u00f3n de las plantas. Uno de los puntos de mayor controversia fue la legitimidad de los avales presentados por Grassi, cuestionados por autovoto y por la participaci\u00f3n de fondos internacionales con potenciales intereses asociados.<\/p>\n
Molinos y LDC, en ese contexto, solicitaron la exclusi\u00f3n de ciertos acreedores del recuento que robustece la candidatura de Grassi. Argumentaron v\u00ednculos poco transparentes y el supuesto fondeo cruzado entre partes vinculadas a la firma santafesina. La disputa por la validaci\u00f3n de esos avales result\u00f3 determinante para la resoluci\u00f3n judicial.<\/p>\n
El peso hist\u00f3rico de Vicentin en el entramado agroindustrial, junto a su rol como principal fuente laboral y dinamizadora de econom\u00edas regionales, hizo que tanto la decisi\u00f3n del juez como los t\u00e9rminos de los planes presentados fueran observados en detalle tanto por los principales actores del sector como por la opini\u00f3n p\u00fablica en general. Se trataba no solo de una definici\u00f3n societaria, sino tambi\u00e9n de un mensaje al sistema financiero y de garant\u00edas para cientos de productores que, tras a\u00f1os de litigio, aguardaban certidumbre sobre sus acreencias.<\/p>\n
En este punto, ambas propuestas expusieron modelos de pagos escalonados y alternativas que privilegiaban la supervivencia de la compa\u00f1\u00eda, as\u00ed como la continuidad del empleo. Grassi, que finalmente fue declarado el primer grupo en cumplir con las mayor\u00edas necesarias, comprometi\u00f3 un plan de inversi\u00f3n que, seg\u00fan los propios directivos, busca modernizar instalaciones y garantizar la permanencia de la estructura operativa en la provincia.<\/p>\n
La situaci\u00f3n de los cerca de mil empleados de Vicentin, muchos de los cuales atravesaron a\u00f1os de incertidumbre, permaneci\u00f3 como uno de los aspectos esenciales a resolver. Adem\u00e1s de la dimensi\u00f3n econ\u00f3mica y de mercado, la causa por presunto fraude contra exdirectivos de la compa\u00f1\u00eda todav\u00eda contin\u00faa abierta en el fuero penal, y queda pendiente la resoluci\u00f3n definitiva sobre el destino final de la compa\u00f1\u00eda bajo su nuevo control.<\/p>\n
Por fuera del n\u00facleo judicial y econ\u00f3mico, el caso Vicentin se constituy\u00f3 en s\u00edmbolo de debates mayores: la relaci\u00f3n entre Estado y sector privado, la protecci\u00f3n a la actividad productiva frente a crisis agudas, y los l\u00edmites del endeudamiento y la gobernanza corporativa en un escenario de volatilidad macroecon\u00f3mica. La definici\u00f3n reciente sobre el control marca el cierre de una etapa, pero el foco persiste sobre las eventuales respuestas que pueda ofrecer la nueva conducci\u00f3n para cumplir con los compromisos asumidos ante los acreedores y reestablecer la confianza en uno de los actores emblem\u00e1ticos del sector agr\u00edcola argentino.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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