El Gobierno nacional modific\u00f3 el protocolo de actuaci\u00f3n de las fuerzas federales para la prevenci\u00f3n de ciberdelitos, incorporando nuevas disposiciones para los casos que involucren a ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes en entornos digitales. La medida qued\u00f3 oficializada este mi\u00e9rcoles mediante la Resoluci\u00f3n 725\/2026, publicada en el Bolet\u00edn Oficial.<\/p>\n
La decisi\u00f3n se adopt\u00f3 luego del aumento de amenazas de ataques masivos contra establecimientos educativos difundidas a trav\u00e9s de redes sociales, entre ellas la denuncia por mensajes intimidatorios encontrados en el ba\u00f1o de una escuela de Punta Lara. Con estos cambios, se redefinen las condiciones bajo las cuales el personal policial podr\u00e1 intervenir en tareas preventivas dentro del ciberespacio.<\/p>\n
La normativa ratifica que las fuerzas de seguridad deber\u00e1n respetar lo establecido por la Ley de Protecci\u00f3n de Datos Personales N.\u00ba 25.326 y proh\u00edbe expresamente el tratamiento de datos sensibles o publicaciones realizadas por menores de edad sin una autorizaci\u00f3n judicial.<\/p>\n
Sin embargo, el nuevo protocolo prev\u00e9 excepciones para situaciones de extrema gravedad. Si durante una investigaci\u00f3n se confirma o se presume que la tarea involucra a un ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente, la actuaci\u00f3n deber\u00e1 interrumpirse y dejarse asentada en el registro correspondiente, informando de inmediato a la autoridad competente. No obstante, esa suspensi\u00f3n no ser\u00e1 obligatoria cuando existan riesgos graves e inminentes para la vida o la integridad de menores, o para la seguridad de la comunidad educativa.<\/p>\n
Entre las excepciones contempladas figuran los casos en los que exista peligro para la vida del menor, indicios de abandono, desaparici\u00f3n o sustracci\u00f3n, conductas autolesivas o suicidas, aunque no haya certeza sobre la inminencia del da\u00f1o, y situaciones en las que el menor sea presunta v\u00edctima de un delito cometido en el \u00e1mbito digital que requiera mantener el monitoreo para prevenirlo o investigarlo.<\/p>\n
Asimismo, la resoluci\u00f3n autoriza la continuidad de las tareas policiales cuando haya elementos que indiquen un riesgo para la vida o la integridad f\u00edsica de otros menores, incluyendo amenazas, planificaci\u00f3n o preparaci\u00f3n de ataques de violencia masiva en escuelas o espacios p\u00fablicos, ya sea que el menor aparezca como v\u00edctima o como presunto autor.<\/p>\n
En todos estos casos, el personal deber\u00e1 dejar constancia detallada de los motivos que justificaron la continuidad de la intervenci\u00f3n y comunicar de manera inmediata la situaci\u00f3n a la autoridad responsable de la investigaci\u00f3n.<\/p>\n
Desde el Gobierno se\u00f1alaron que la actualizaci\u00f3n del protocolo busca equilibrar la protecci\u00f3n de los derechos de ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes con la necesidad de actuar con rapidez frente a delitos graves, especialmente aquellos que puedan poner en peligro la integridad f\u00edsica de estudiantes y de toda la comunidad educativa.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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