El diputado nacional de Unión por la Patria, Juan Grabois, presentó una iniciativa denominada “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Pública”, con la que busca establecer mayores restricciones para la privatización de empresas y activos estratégicos del Estado, además de priorizar el uso social de las tierras fiscales.
La propuesta fue impulsada luego de que el oficialismo consiguiera aprobar en la Cámara de Diputados una versión modificada del proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, cuya sanción definitiva todavía debe tratarse en el Senado.
Mayores requisitos para privatizar empresas estatales
En la presentación de la iniciativa, Grabois sostuvo que el patrimonio estatal debe estar protegido y destinado a responder a las necesidades de la sociedad. A través de sus redes sociales, afirmó que “la ley pone las propiedades que están en manos del Estado al servicio de quienes más lo necesitan”.
El proyecto establece, entre sus principios generales, que la propiedad estatal debe cumplir una función social y que los bienes públicos considerados estratégicos deben contar con una protección especial.
En ese sentido, propone que ninguna empresa, sociedad, participación accionaria o activo declarado estratégico pueda venderse, privatizarse, transferirse o concesionarse sin una ley especial aprobada con una mayoría agravada.
La iniciativa fija como requisito el voto favorable de las dos terceras partes del total de los integrantes de cada una de las cámaras del Congreso Nacional.
Al justificar esta exigencia, Grabois planteó que, si la Constitución requiere una ley especial para declarar de utilidad pública un bien privado, la venta o privatización de un patrimonio perteneciente al conjunto de los argentinos no debería estar sujeta a condiciones menos estrictas.
Restricciones a los mecanismos de privatización
El texto también declara de interés público nacional la conservación, la gestión transparente y el aprovechamiento de las empresas, sociedades y activos alcanzados por la normativa, con una perspectiva que contemple a las generaciones futuras.
Además, establece que las autorizaciones para privatizar no puedan incorporarse mediante Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), delegaciones legislativas ni a través de leyes de presupuesto o proyectos conocidos como leyes ómnibus.
El objetivo de estas disposiciones es que las decisiones sobre el patrimonio público estratégico requieran un tratamiento legislativo específico y mayores garantías institucionales.
Tierras fiscales con prioridad para proyectos sociales
Otro de los ejes centrales de la propuesta es la creación del Concurso Social de Proyectos de Utilidad Pública, un mecanismo destinado a definir la adjudicación de tierras fiscales.
El sistema contempla la posibilidad de utilizar inmuebles rurales y urbanos del Estado nacional que estén ociosos, subutilizados o que no tengan un destino específico asignado.
Según los fundamentos, antes de avanzar con una venta tradicional, el Estado debería convocar a un procedimiento competitivo y transparente en el que no se priorice necesariamente la oferta económica más alta, sino el proyecto que genere mayores beneficios sociales.
Entre los objetivos previstos figuran el fortalecimiento de la economía comunitaria, la atención de necesidades básicas insatisfechas, el acceso a tierras para el autoabastecimiento y la posibilidad de acceder a una vivienda única familiar.
La iniciativa también establece que no podrán participar sociedades comerciales con fines de lucro cuyo objetivo sea la valorización inmobiliaria o la especulación con la tierra.
El argumento de Grabois
En los fundamentos del proyecto, el diputado sostuvo que los bienes pertenecientes al conjunto de la sociedad deben recibir una protección jurídica equivalente a la que se reconoce a la propiedad individual.
También remarcó que la seguridad jurídica debe contemplar tanto los derechos de los particulares como los intereses colectivos, y defendió la necesidad de que cualquier transferencia de empresas o activos estratégicos se realice mediante una decisión democrática, específica, transparente y debidamente fundamentada.
La iniciativa busca instalar una discusión sobre los requisitos que deberían cumplirse para disponer del patrimonio estatal y sobre los criterios que deben orientar el uso de las tierras públicas. Su eventual aplicación dependerá del tratamiento legislativo que reciba en el Congreso.
