La Justicia de Santa Fe resolvió que los siete cadetes del Servicio Penitenciario acusados de abusar sexualmente y provocar lesiones a un compañero de 19 años continúen el proceso en libertad, aunque bajo una serie de medidas restrictivas.
La decisión fue tomada este viernes por la jueza Rosana Carrara durante una audiencia realizada en los tribunales de la capital provincial. La magistrada rechazó el pedido de prisión preventiva presentado por la Fiscalía, pese a considerar acreditados el abuso sexual y las lesiones denunciadas por la víctima.
Los imputados son Álvaro J., Michael G., Andrés F., Taiel F., Héctor F., Roque F. y Catriel D. Todos son aspirantes al Servicio Penitenciario provincial y se encontraban detenidos en la Alcaidía de la Unidad Regional I. Desde allí siguieron la audiencia por videollamada.
En el encuentro judicial estuvieron los abogados defensores y las fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Jorgelina Moser Ferro y Vivian Galeano, quienes llevan adelante la investigación.
El joven de 19 años relató ante la Justicia las consecuencias que le dejó el episodio. Según publicó el diario El Litoral, contó que sintió “bronca” y “vergüenza” y explicó que fue atacado cuando estaba desprevenido. También señaló que le cuesta volver a la instrucción porque siente que sus compañeros lo observan constantemente.
“No se les tendría que dar la libertad”, manifestó al referirse a los acusados.
Su declaración fue acompañada por los testimonios de tres personas que, de acuerdo con la investigación, presenciaron el episodio.
Los siete imputados rechazaron las acusaciones. Mientras algunos aseguraron que no estaban en el lugar cuando ocurrió el hecho, otros dijeron que solamente observaron una parte de la situación. Para la Fiscalía, las similitudes entre sus declaraciones generan sospechas y podrían estar relacionadas con un posible intento de obstaculizar el avance de la investigación.
Durante la audiencia, los fiscales también remarcaron que el delito investigado contempla una pena elevada. Además, advirtieron que la situación podría agravarse si se logra acreditar que se trató de un abuso cometido “en manada” y bajo circunstancias consideradas gravemente ultrajantes.
A esto sumaron otros argumentos para solicitar la prisión preventiva, entre ellos el supuesto riesgo de fuga, la posibilidad de que los acusados interfieran en la investigación y cuestionamientos vinculados con su arraigo.
Carrara, sin embargo, entendió que mantenerlos detenidos preventivamente resultaba una medida excesiva. Por eso ordenó que recuperaran la libertad, aunque con condiciones estrictas.
Los siete deberán mantenerse alejados de las víctimas y de los testigos, sin posibilidad de establecer contacto con ellos por ningún medio. También tendrán que presentarse periódicamente ante el Ministerio Público de la Acusación y cumplir con las demás obligaciones fijadas por la Justicia.
El ataque dentro de la escuela penitenciaria
La investigación se inició por un episodio ocurrido en la Escuela Penitenciaria N°7 “Marcos Sánchez”, después de que el joven de 19 años rindiera un examen y entrara a una de las habitaciones del establecimiento.
Según la acusación, allí fue sorprendido por el grupo de cadetes. Los agresores habrían intentado quitarle la ropa y, al no conseguir desprenderle el pantalón, uno de ellos habría utilizado un objeto para presionarle la zona íntima en tono de burla.
Mientras algunos lo sujetaban, otros habrían continuado con las agresiones.
La situación terminó cuando intervinieron otros tres cadetes, quienes lograron detener el ataque y asistir al joven.
Hasta el momento no existen denuncias anteriores por hechos similares dentro de la institución. Sin embargo, uno de los testigos mencionó durante la investigación una situación irregular ocurrida previamente durante una requisa.
Otro elemento que quedó bajo análisis es que el ataque habría ocurrido en un sector donde no existía custodia directa del personal encargado de la formación.
El caso tomó estado judicial luego de que uno de los directores de la escuela realizara la denuncia. A partir de entonces se puso en marcha la intervención de la Fiscalía y de la Policía de Investigaciones de Santa Fe.
Por la gravedad del episodio, el director provincial de Investigación Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad, Rolando Galfrascoli, aseguró que el Gobierno santafesino está acompañando a la víctima y a su familia.
Además, sostuvo que los siete aspirantes señalados no volverán a formar parte de establecimientos penitenciarios de la provincia: “No van a pisar nunca más un establecimiento santafesino por el hecho que han cometido”, afirmó.
