La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) desmintió las versiones que circularon en las últimas horas sobre una supuesta citación judicial en Estados Unidos contra su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, y rechazó además que se le haya secuestrado el teléfono celular u otro dispositivo electrónico.
Según informó la entidad, el documento mencionado en distintas publicaciones periodísticas no está dirigido ni a Tapia ni al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, por lo que ambas afirmaciones fueron calificadas como falsas.
A través de un comunicado oficial, la institución explicó que la notificación emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida fue dirigida a un tercero, quien deberá comparecer ante un Gran Jurado y, eventualmente, presentar documentación y comunicaciones vinculadas con distintas personas, entre ellas autoridades de la AFA.
En ese marco, la entidad aclaró que ni Claudio Tapia ni Pablo Toviggino fueron convocados a declarar por la Justicia estadounidense y que tampoco existe ninguna medida de secuestro o incautación de teléfonos celulares, computadoras u otros dispositivos de su propiedad.
Asimismo, el comunicado señala que el documento en cuestión no establece ninguna obligación procesal para el presidente o el tesorero de la AFA, ni ordena su comparecencia ante la Justicia, ni dispone medidas personales o patrimoniales sobre ellos.
Desde la Asociación también manifestaron que la difusión de información incorrecta o tergiversada provoca desinformación y perjudica la imagen tanto de la institución como de sus autoridades.
Por ese motivo, la AFA instó a los medios de comunicación y a los periodistas a verificar correctamente el contenido de los documentos antes de difundir versiones que no estén respaldadas por la documentación oficial, recordando que el rigor informativo es un principio fundamental del ejercicio periodístico.
Finalmente, la entidad advirtió que se reserva el derecho de iniciar las acciones legales que considere pertinentes frente a la difusión de información falsa o engañosa que pueda afectar los derechos de la institución o de quienes la conducen.
