La Unión Cívica Radical (UCR) manifestó su firme rechazo a la reforma de la Ley de Tierras impulsada por el Gobierno nacional. La iniciativa debía debatirse este jueves en el Senado dentro del proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, pero finalmente fue retirada del temario por falta de votos y de acuerdos políticos.
A través de un comunicado, el Comité Nacional del partido sostuvo que la propuesta busca eliminar límites considerados razonables para la adquisición de tierras por parte de extranjeros, lo que, a su entender, podría afectar la soberanía nacional, el control de las fronteras y la protección de recursos estratégicos.
Con diez representantes en la Cámara alta, la UCR tiene un papel clave para definir el futuro del proyecto. Sin embargo, dentro del bloque existen posturas diferentes. Hasta el momento, solo Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y Flavio Fama expresaron públicamente su rechazo a la reforma, mientras que el resto aún no fijó una posición definitiva y algunos podrían acompañar la propuesta oficialista.
Ante la falta de respaldo, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, solicitó postergar el tratamiento de la iniciativa para la sesión prevista el 6 de agosto.
En su documento, la UCR remarcó que el Estado debe incentivar la producción, la inversión y la innovación, pero sin comprometer los recursos estratégicos del país. Además, recordó que la legislación vigente establece que solo hasta el 15% de las tierras rurales pueden quedar en manos extranjeras, que una misma nacionalidad no puede concentrar más del 30% de ese cupo y que un mismo propietario extranjero no puede superar las 1.000 hectáreas en la zona núcleo.
La norma también prohíbe la compra de campos ubicados en zonas fronterizas o que incluyan lagos y ríos. Sin embargo, el proyecto del Gobierno propone que cada provincia pueda fijar sus propios criterios, una medida que, según el radicalismo, podría derivar en una desregulación.
El partido recordó que fue uno de los impulsores del debate de la Ley de Tierras, sancionada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2010, y afirmó que deben mantenerse límites razonables para la adquisición de tierras por parte de extranjeros.
Actualmente, alrededor de 13 millones de hectáreas, equivalentes al 5% del territorio nacional, pertenecen a propietarios extranjeros y más de 30 zonas ya habrían superado el límite permitido por la legislación vigente.
La UCR también expresó su preocupación por las modificaciones propuestas a la Ley N.º 26.815 de Manejo del Fuego, ya que el Gobierno pretende eliminar las restricciones que impiden cambiar el uso de los terrenos afectados por incendios durante períodos de hasta 60 años.
Finalmente, el partido señaló que países como Estados Unidos, Canadá y Francia mantienen regulaciones estrictas sobre la compra de tierras por parte de extranjeros y sostuvo que Argentina debe proteger sus recursos estratégicos mediante normas equilibradas, promoviendo al mismo tiempo la inversión y el desarrollo productivo.
