El proceso de concesión privada de las rutas nacionales y la incorporación de sistemas automatizados de cobro de peajes ya tiene consecuencias laborales en Corrientes. Alrededor de 150 trabajadores del corredor vial Litoral perdieron sus empleos y recibieron las indemnizaciones correspondientes, mientras crece la preocupación por el futuro de quienes dependen de esta actividad.
Las desvinculaciones se producen en el marco de la reestructuración impulsada por el Gobierno de Javier Milei, que avanza con la transferencia de distintos corredores viales a empresas privadas.
Los empleados despedidos cumplían funciones en estaciones de peaje de puntos estratégicos de la provincia, entre ellos el puente General Belgrano, Riachuelo e Ituzaingó, sobre la Ruta Nacional 12.
Con la salida de estos trabajadores, numerosas familias quedaron sin una fuente de ingresos y ahora esperan conocer cuáles serán las condiciones laborales que ofrecerán las empresas que asumirán las nuevas concesiones.
MÁS TECNOLOGÍA Y MENOS PUESTOS DE TRABAJO
Uno de los principales cuestionamientos al nuevo sistema está relacionado con la incorporación de herramientas tecnológicas para el cobro de peajes.
Los pliegos de las concesiones contemplan una mayor utilización de mecanismos automatizados, entre ellos el pago mediante códigos QR. Esta modalidad permitiría reducir la cantidad de empleados necesarios para atender las estaciones de cobro.
La preocupación de los trabajadores es que la modernización termine consolidando una estructura con menos personal y que las indemnizaciones abonadas representen el cierre definitivo de sus puestos laborales, sin posibilidades concretas de reincorporación por parte de los nuevos operadores.
OCHO CORREDORES VIALES FUERON ADJUDICADOS A EMPRESAS PRIVADAS
La transformación del sistema vial avanzó con la publicación de la Resolución 1379/2026 del Ministerio de Economía, mediante la cual el Gobierno nacional adjudicó ocho tramos de rutas a empresas privadas por un plazo de 20 años.
Las concesiones abarcan más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales distribuidos en 11 provincias.
El esquema establece que las empresas deberán administrar los corredores sin subsidios estatales, utilizando los ingresos provenientes del cobro de peajes para financiar su funcionamiento.
En el caso de Corrientes, el Tramo Litoral, que comprende las rutas nacionales 12 y 16, fue adjudicado a JCR S.A. y Néstor Julio Guerechet S.A.
La tarifa básica establecida para este corredor quedó fijada en $2.876,04 más IVA.
RECHAZO A LA POSIBLE INSTALACIÓN DE NUEVOS PEAJES
La nueva modalidad de concesiones también generó preocupación por la posibilidad de que se incorporen nuevas estaciones de cobro en distintos puntos de la región.
El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, expresó su rechazo a la eventual instalación de un nuevo peaje sobre la Ruta Nacional 12, a la altura de Puerto Rico.
El mandatario cuestionó la posibilidad de sumar otro costo para quienes utilizan diariamente esa vía para trasladarse por motivos laborales, educativos, comerciales y productivos.
En Corrientes también existe preocupación por la posible habilitación de una estación de peaje en las cercanías de Paso de los Libres, sobre la Ruta Nacional 14, un corredor fundamental para el transporte de cargas y la conexión comercial con los países del Mercosur.
INCERTIDUMBRE POR EL FUTURO LABORAL
Los 150 despidos registrados en Corrientes forman parte de un proceso de transformación que también genera conflictos en otras jurisdicciones del país.
Trabajadores de diferentes provincias denunciaron situaciones similares y reclaman garantías para conservar sus fuentes laborales frente al avance de las nuevas concesiones.
Desde el Gobierno nacional se plantea que el sistema privado permitirá mejorar la administración de las rutas y desarrollar infraestructura sin depender de subsidios estatales.
Sin embargo, desde el sector laboral advierten sobre las consecuencias sociales de esta reorganización, especialmente por la reducción de personal y la falta de certezas sobre futuras incorporaciones.
De esta manera, la privatización de los corredores viales, la automatización de los peajes y la disminución de los puestos de trabajo abren un nuevo escenario de conflicto. En Corrientes, 150 trabajadores ya quedaron fuera del sistema y muchas familias enfrentan ahora la incertidumbre de no saber si podrán recuperar sus empleos.
