La comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados se reunirá este miércoles para analizar la situación que atraviesa el sector. El secretario Nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, junto con otros dos funcionarios, expondrá sobre las medidas adoptadas por el Gobierno. En paralelo, la oposición insiste con una sesión para el 9 de septiembre en la que busca avanzar con la prórroga de la emergencia en Discapacidad.
Buenos Aires, 2 de septiembre (NA). La crisis que atraviesa el sistema de Discapacidad llegará este miércoles a la Cámara de Diputados, en una reunión informativa convocada en medio de una fuerte presión de los bloques opositores para que el Congreso avance con la emergencia del sector.
La comisión de Discapacidad, presidida por el libertario Gerardo Huesen, se reunirá desde las 16 y tendrá como principales expositores al titular de la Secretaría Nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches; al subsecretario de Política de Acceso y Apoyos, Esteban Giler; y al subsecretario de Regulación, Certificación y Proyectos, Gianfranco Scigliano.
El encuentro se producirá pocos días antes de la sesión que la oposición pretende realizar el 9 de septiembre, donde uno de los principales puntos del temario será la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Mientras distintos bloques opositores buscan llevar el tema al recinto, el oficialismo intenta evitar que esa sesión reúna el quórum necesario. Su apuesta pasa, al menos por ahora, por mostrar las acciones que lleva adelante el Gobierno y abrir un espacio de explicación dentro de la comisión.
La discusión tiene como telón de fondo una situación cada vez más compleja para las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores. Entre los principales problemas aparecen la suspensión de prestaciones de obras sociales y prepagas, las dificultades en la cadena de pagos a profesionales, la reducción de pensiones por invalidez y el fuerte atraso de los aranceles frente al aumento del costo de vida.
Los diputados de Unión por la Patria (UxP) recibieron recién este martes la nómina de funcionarios que participarán de la reunión y comenzaron a preparar una serie de preguntas y planteos para los representantes del Gobierno.
“La discusión es si el Gobierno va a aceptar que los funcionarios le den la respuesta que no les dan a las organizaciones de y para personas con discapacidad”, sostuvo el vicepresidente primero de la comisión, Juan Marino (UxP), en diálogo con Noticias Argentinas.
Marino también cuestionó que no estuviera prevista la participación de representantes de organizaciones, prestadores, personas con discapacidad y familiares. Por ese motivo, envió una nota formal a Huesen para pedir que se habilitara la presencia de otros oradores.
“Al respecto, solicito tenga a bien reconsiderar la participación de referentes de organizaciones prestadoras, personas con discapacidad y familiares. Considero fundamental que puedan explicitar de primera mano sus inquietudes y la extrema preocupación imperante ante la situación actual del sector”, planteó el diputado.
También expresó su desacuerdo con la decisión de impedir la participación de voces externas durante el encuentro.
“Asimismo, dejo de manifiesto la disconformidad con la tesitura de no habilitar la participación de oradores externos. Son los propios representantes y referentes de las organizaciones de y para personas con discapacidad quienes han solicitado mantener un canal de diálogo directo en el ámbito de esta Comisión, que representa la Casa de la Democracia y el espacio natural para escuchar las voces de la sociedad civil”, agregó Marino.
Huesen rechazó el pedido para esta reunión, aunque dejó abierta la posibilidad de sumar a otros sectores en próximos encuentros.
“Respecto de la posibilidad de incorporar otros invitados a la reunión, se hace saber que en esta oportunidad, y dado que la misma será la primera de una serie de reuniones informativas, no se encuentra previsto el ingreso de invitados/oradores adicionales, lo cual se reservará para reuniones posteriores”, respondió el presidente de la comisión.
La decisión marca dos caminos diferentes dentro del Congreso. El oficialismo pretende avanzar mediante reuniones informativas y analizar la situación de manera gradual, mientras que la oposición busca resultados concretos y reclama que la comisión establezca una fecha para firmar dictámenes sobre los distintos proyectos vinculados con Discapacidad.
Desde los bloques opositores consideran que la convocatoria puede funcionar como una maniobra “distractiva” y “dilatoria” destinada a ganar tiempo, evitar la sesión del 9 de septiembre y postergar el tratamiento de las iniciativas.
UNA CRISIS QUE SE EXTIENDE A PRESTACIONES, ARANCELES Y PENSIONES
Uno de los principales reclamos está relacionado con los valores establecidos en el nomenclador para pagar terapias, transporte y servicios educativos. Los prestadores sostienen que los aranceles quedaron muy por detrás de la inflación acumulada.
El Gobierno viene actualizando el Nomenclador de Prestaciones Básicas con incrementos que, según los cuestionamientos del sector, no alcanzan para cubrir los costos reales. La situación afecta especialmente a servicios como el transporte adaptado y los centros de día, que enfrentan serias dificultades para sostener su funcionamiento.
A esto se suman los problemas en la transferencia de fondos. Obras sociales y empresas de medicina prepaga denuncian interrupciones en los fondos provenientes de la Superintendencia de Servicios de Salud y de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
La demora repercute directamente en los profesionales y prestadores. Psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, transportistas y centros terapéuticos acumulan deudas y, en algunos casos, suspendieron tratamientos ante la falta de pago.
El reclamo se resume en una frase que se repite entre los prestadores: “trabajan pero no cobran”.
Otro de los puntos más sensibles es el sistema de pensiones no contributivas (PNC) por invalidez laboral.
El Gobierno puso en marcha auditorías para revisar la situación de los beneficiarios y, bajo ese esquema, dio de baja más de 110.000 PNC por invalidez laboral. Al mismo tiempo, más de 200.000 nuevas solicitudes permanecen en un “limbo” administrativo.
También volvió a aplicarse de manera estricta el requisito de acreditar un 66% de invalidez laboral para acceder a una pensión o mantener el beneficio.
El Poder Ejecutivo sostiene que las revisiones buscan terminar con irregularidades que, según su diagnóstico, existían en el sistema anterior. El Gobierno denuncia casos de corrupción y beneficios otorgados sin cumplir con los requisitos y utiliza esos argumentos para defender las auditorías y el proceso de reempadronamiento.
Como parte de esa explicación, señala que entre 2003 y 2023 la cantidad de pensiones por invalidez aumentó de manera “exponencial e injustificada”: pasó de 76.000 a 1,2 millones. Para el Ejecutivo, una parte importante de esos beneficios habría sido otorgada de manera irregular o por clientelismo político.
LA EMERGENCIA EN DISCAPACIDAD, EN EL CENTRO DE LA PELEA
La oposición, mientras tanto, impulsa iniciativas para prorrogar y garantizar la aplicación de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad.
La norma establece que el Estado nacional debe asegurar el financiamiento adecuado del sistema, actualizar las pensiones de manera sostenible y afrontar las deudas acumuladas con los prestadores.
El objetivo de los bloques opositores es extender la emergencia hasta fines de 2027. El oficialismo, en cambio, busca impedir esa prórroga y plantea discutir nuevas condiciones que permitan limitar el impacto del gasto público.
El conflicto también llegó al ámbito judicial. Organizaciones civiles, profesionales y familiares presentaron denuncias penales contra el presidente Javier Milei y funcionarios de su Gobierno bajo la figura de “abandono de persona”. Los denunciantes sostienen que las políticas aplicadas afectan deliberadamente el acceso a la salud y las condiciones básicas de supervivencia.
Los reclamos también fueron llevados ante organismos internacionales, entre ellos la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde se denunció una presunta vulneración de tratados internacionales de Derechos Humanos.
La tensión se profundizó además después de una investigación judicial por presuntas irregularidades y el supuesto cobro de coimas dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El caso derivó en el desplazamiento de su entonces director, Diego Spagnuolo, y fue acompañado por numerosas protestas en distintos puntos del país.
Ahora, con la reunión informativa de este miércoles y la sesión opositora prevista para el 9 de septiembre, la discusión vuelve a instalarse en el Congreso. El oficialismo busca mostrar respuestas y ganar tiempo; la oposición quiere que el debate termine en una decisión concreta sobre la emergencia del sector.
