Comedores comunitarios
Jueves 14 de Mayo de 2026
La séptima sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Paso de los Libres dejó expuesta una realidad que golpea de lleno a los sectores más vulnerables: los comedores comunitarios reciben menos mercadería mientras la demanda social crece día a día.
El planteo realizado por la concejal Daiana Baldi no pasó desapercibido. La edil puso sobre la mesa algo que muchos referentes barriales vienen señalando desde hace tiempo: las partidas alimentarias ya no alcanzan. Donde antes llegaba una bolsa completa de papas o cebollas, hoy apenas llega la mitad. Y no se trata de números fríos ni de estadísticas políticas; detrás de cada reducción hay 80 o 100 personas esperando un plato de comida.
La situación se vuelve todavía más delicada cuando aparecen denuncias de maltrato y temor entre quienes sostienen los comedores. La frase relatada por Baldi duele porque retrata la crudeza de la pobreza actual: una mujer que asegura no haber tenido qué darle de comer a sus propios hijos, pero que aun así no quiso tocar los alimentos del comedor por miedo a ser acusada o perder la ayuda. Esa escena debería interpelar a toda la dirigencia política, sin importar el partido.
Desde el oficialismo, el concejal Diego “Goia” Danuzzo respondió rechazando las acusaciones y recordó que cuando ellos eran oposición tampoco obtenían respuestas de la gestión anterior. Una respuesta que, aunque puede tener sustento político, deja una sensación preocupante: la discusión parece quedarse atrapada en el eterno “ustedes también lo hicieron”.
Y ahí está el verdadero problema. Mientras oficialismo y oposición se señalan mutuamente responsabilidades del pasado, en los barrios la necesidad no espera. Los comedores no funcionan con discursos, funcionan con alimentos. Y las familias no pueden alimentarse con chicanas políticas.
La intervención de la concejal Adriana Fernández, con tono irónico hacia Danuzzo, volvió a mostrar el clima de tensión política dentro del recinto. Pero fuera del Concejo, lejos de las bancas y los micrófonos, la realidad es mucho más dura: inflación, desempleo, salarios bajos y cada vez más personas dependiendo de una olla popular.
En tiempos donde la crisis social aprieta, el municipio tiene la obligación de garantizar transparencia en la distribución de mercaderías y brindar respuestas claras. Si los alimentos alcanzan menos, la comunidad merece saber por qué. Y si existen denuncias de amenazas o persecuciones, también deben investigarse seriamente, sin minimizar testimonios ni convertir todo en una pelea partidaria.
Porque cuando un comedor se queda sin comida, no pierde un espacio político. Pierde la gente.
Por : Rolón Javier Adrian
