Editorial
Paso de los Libres 1 de Mayo de 2026
Por : Rolón Javier Adrian
En Paso de los Libres hay un conflicto que no se ve en las paradas, pero se siente en los bolsillos. Es el de los trabajadores de las empresas T.I.G y Minibús.
Años anteriores, la historia era conocida: llegaba febrero, se acercaba el inicio de clases y aparecía el paro. Era la herramienta de presión para discutir tarifa y subsidios.
Este 2026 la postal cambió. Según relatan choferes de confianza, los paros que hubo a principio de año no los hicieron los trabajadores. “Se hacía, pero de parte de la empresa, porque no pagaban”, cuentan. La demora en los sueldos fue la forma de tensar la cuerda con el Municipio.
Ahora, sin paros declarados, la tensión sigue. “Este año no hubo paro, pero están usando esto para meter presión, para que haya aumento”, asegura un conductor con antigüedad.
Lo que no cuadra
En esta semana hubo despidos. Verbales. Sin telegrama, sin liquidación clara. Choferes con años en la empresa fueron desvinculados de un día para el otro. Y acá aparece lo que no cierra: si el argumento es que “la plata no alcanza” por el atraso tarifario, ¿por qué la primera medida es achicar personal y no sentarse urgente a negociar?
El tiempo de espera para actuar tampoco ayuda. La deuda municipal, si existe, no es de ayer. Los costos operativos se conocen. Esperar a que el conflicto escale para recién mover fichas pone en duda si la crisis es solo financiera o también de gestión.
Las dos hipótesis que cruzan el conflicto
La versión empresarial: La falta de pago en término se debe al atraso tarifario y a la deuda que mantiene el Municipio en subsidios. Sin actualización, la ecuación no cierra. La presión apunta al Ejecutivo para destrabar fondos.
La segunda hipótesis que plantean otros choferes: La empresa usa la demora salarial, la amenaza de cortar el servicio y ahora los despidos verbales como herramienta de negociación directa por un aumento del boleto. “Antes parábamos nosotros. Ahora el paro lo hace la empresa no pagando y rajando gente”, graficó otra fuente del sector. Bajo esta lectura, el achique sería funcional a la presión: menos personal, más caos, más apuro por resolver.
El problema de fondo es que mientras se discute quién presiona a quién, el que queda en el medio es el vecino de Libres. El estudiante que no sabe si llega a la escuela. El trabajador despedido sin papeles. El usuario que mañana puede pagar un boleto más caro por un servicio que hoy ya es incierto.
Gobernar el transporte es poner plazos. Si hay deuda municipal, que se muestre y se pague. Si la empresa no puede sostener la estructura, que lo diga con balances, no con despidos de palabra. Y si la negociación es por la tarifa, que se dé de frente, con audiencia pública, aunque la audiencia pública no es vinculante, es el único espacio donde el usuario puede hablar antes de pagar.
En Libres el colectivo no es un lujo. Es derecho. Y los derechos no se administran con métodos que no cuadran: salarios que no llegan, despidos que no se firman y tiempos de espera que solo agravan lo que se dice querer solucionar.
Cuando la empresa, el gremio y el Municipio se tiran la pelota, la pelota le pega siempre al mismo: al que está en la parada. Y al que se quedó sin trabajo, esperando una explicación que no llega.
