El diputado de Encuentro Libral (ELI), Pedro “Perucho” Cassani, presentó formalmente en la Legislatura un proyecto de ley para crear el Régimen de Evaluación Toxicológica Preventiva.
La propuesta, conocida popularmente como “narco test”, apunta a garantizar la idoneidad psicofísica de quienes ocupan cargos jerárquicos o políticos en la estructura del Estado correntino.
La iniciativa establece que la realización de estos exámenes será un requisito tanto para el ingreso como para la permanencia en la función pública.
El alcance es amplio: abarca a funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de entes autárquicos, descentralizados y organismos constitucionales como el Tribunal de Cuentas y la Defensoría del Pueblo.
Controles aleatorios y por sorteo
Para garantizar la transparencia del sistema, el proyecto de Cassani dispone que los estudios sean obligatorios, anuales y aleatorios. La selección de los agentes a evaluar se realizaría basándose en los resultados de la Lotería Nacional, evitando así cualquier tipo de discrecionalidad política en la elección de los sujetos controlados.
Un punto clave de la propuesta es su aplicación en el ámbito electoral: los candidatos a cargos electivos provinciales también deberán someterse a los análisis entre la oficialización de sus listas y hasta 30 días antes de los comicios.
Enfoque sanitario y confidencialidad
Pese al carácter obligatorio, el proyecto hace hincapié en un abordaje preventivo y de salud. En caso de detectarse un resultado positivo, se activará un protocolo que incluye:
- Contraprueba: Para asegurar la exactitud del diagnóstico.
- Asistencia médica: Evaluación y acompañamiento ante posibles situaciones de consumo problemático.
- Licencia preventiva: Se podrá apartar temporalmente al agente hasta determinar su aptitud funcional.
- Confidencialidad: Los resultados serán tratados como datos sensibles bajo la Ley de Protección de Datos Personales.
En sus fundamentos, Cassani señaló que la medida busca fortalecer la transparencia institucional y la confianza de la sociedad en sus representantes.
La iniciativa toma como modelo normativas ya vigentes en provincias como San Luis y Neuquén, e invita a los municipios correntinos a adherir al régimen una vez reglamentada la ley.
